Cómo la Ley Antiterrorista permite perseguir y enjuiciar a menores y adultos mapuche con nulas pruebas

Mar 27, 2012

Hasta el próximo lunes 2 de abril se postergó la preparación de juicio oral contra 10 comuneros de la zona de Ercilla, acusados de incendio y asalto en la ruta 5 Sur. 2 de los acusados son jóvenes que eran menores de edad al momento de ocurrir los hechos que la Fiscalía les imputa, bajo Ley Antiterrorista.

Por: Comunicaciones Temucuicui y País Mapuche

La defensa realizada por los abogados Pablo Ortega y Lorenzo Morales ha solicitado desde el primer momento de la audiencia que no se impute a los menores de edad acusados por el Ministerio Público, obteniendo cómo respuesta la separación de causas, una para procesar a los menores de edad y otra para los adultos.

Los hechos de los que se les acusa, se habrían desarrollado el 9 de octubre de 2009, cuando los adolescentes ahora juzgados, eran menores de edad. Los abogados han tomado en consideración los derechos contemplados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley de Responsabilidad Adolescente del Estado chileno, por lo que no se debería aplicar la Ley Antiterrorista contra ellos.

Para ambos menores, la imputación del Ministerio Público ha significado casi tres años de vivir la persecución política en todo ámbito, teniendo incluso que asumir por algunas temporadas la clandestinidad, ya que de lo contrario, significaba estar tras las rejas pese a su corta edad y sin pruebas que los culpen. Todo por ser mapuche y familiares de dirigentes y comuneros detenidos.

Sumado a ello, se cooptó el derecho de libre tránsito, el derecho a estudiar, teniendo que abandonar la escuela por temor a ser encerrados y asumiendo la pesada decisión de ser prófugos de la justicia chilena, durmiendo a la intemperie, sin alimento y expuestos a una serie de factores que perjudican su crecimiento físico y psicológico, pero no así su dignidad.

Por otro lado, se vieron obligados a vivir la represión en todo su contexto, ya que durante allanamientos y controles policiales en nuestro militarizado territorio, debieron hacer frente a las balas impunes de las policías, quedando al descubierto el abuso y las pocas garantías de tener un trato justo si se presentaban ante los tribunales, sabiendo además que el asedio policial afectaba directamente a sus hogares y familiares, lo que provocó una fuerte sobrecarga afectiva de impotencia y dolor.

Uno de ellos ha vivido desde muy pequeño la represión. Ha sido detenido y baleado a los 10 años, ha sido interrogado y torturado arriba de un vehículo policial a los 11 y a los 12, fue secuestrado y abandonado a su suerte a varios kilómetros de su casa, sin que las jefaturas policiales se hicieran cargo de estos ilícitos, quedando estas agresiones en absoluta impunidad.

Su tío es constantemente citado a tribunales y su padre a estado además en la prisión política, por lo que desde el seno familiar, la represión ha causado desde su infancia una enorme presión sobre él.

Hasta el momento, el tribunal está considerando no aplicar la Ley Antiterrorista en este caso a los menores. Pero el temor está en que se les someta a doble procesamiento, y se intente realizar un nuevo juicio, articulando las mismas pruebas presentadas en este caso a ambos en un nuevo proceso judicial.

Hay que indicar que de utilizar las mismas pruebas, se estaría engañando a la justicia y a la opinión pública, puesto que dichas supuestas pruebas fueron maliciosamente obtenidas utilizando las abusivas facultades que otorga la Ley Antiterrorista a los fiscales y policías. Es decir, de igual forma estarían utilizando esta ley para condenar a los menores, una herramienta legal heredada de la dictadura de Pinochet y que está al servicio de los intereses del empresariado y latifundistas, que lo único que pretende es criminalizar y detener la protesta social en Chile y el territorio mapuche.

Hay que precisar además, que la única prueba que sostiene este montaje, es la declaración de un testigo protegido, quien se dice que habría participado de los hechos y habría delatado a los demás participantes, acogiéndose a la delación compensada, artimaña que permite la Ley Antiterrorista.

Osea, una persona ya condenada por “confesar” participación en los mismos hechos, que está en libertad, recibe un sueldo por su “colaboración” y que nadie conoce nada sobre sus antecedentes y los de su condena, está siendo usada para enjuiciar a 10 comuneros, sólo por la validez que da la ley Antiterrorista para este tipo de sucias maniobras.

La Comunidad Autónoma Temucuicui señala que seguirá informando su pensamiento ante los hechos en los próximos días y en la medida de los acontecimientos de este importante juicio que marcará precedentes para el Pueblo Mapuche, sus comunidades y organizaciones.

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