La Policía francesa detiene a tres supuestos miembros de ETA-País Mapuche Noticias

La Policía francesa detiene a tres supuestos miembros de ETA

La Policía francesa ha detenido a tres personas en la localidad de Gerde (Hautes Pyrenées), a las que vincula con ETA. Uno de los arrestados es Aitzol Iriondo, según ha anunciado la ministra de Interior, Michele Alliot-Marie, y confirmado su homólogo español, Alfredo Pérez Rubalcaba. Los otros dos serían Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe.

La información difundida por AFP señala que los arrestos se han producido a las 18.00 en la localidad pirenaica de Gerde, en el departamento de Hautes Pyrenées, Francia, y que los tres arrestados llevaban armas de fuego y documentación falsa en el momento de su detención.

La ministra de Interior francesa, Michele Alliot-Marie, ha hecho público un breve comunicado en el que confirma la operación y precisa que uno de los detenidos ha sido identificado como el "presunto sucesor de Txeroki como jefe del aparato militar de ETA", en referencia al lasartearra Aitzol Iriondo, al que las fuerzas policiales sitúan en ese puesto en la organización armada.

Alliot-Marie se ha felicitado por los arrestos, que a su juicio demuestran "el compromiso decidido de los servicios de policía y gendarmería francesa en la lucha contra el terrorismo vasco".

Su homólogo español, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha confirmado que uno de los arrestados es Aitzol Iriondo, y ha señalado que los otros dos serían "presuntos liberados" de ETA, que están siendo identificados pero que la Guardia Civil tiene "la convicción" de que se trata de Eneko Zarrabeitia y Aitor Artetxe, y no de Asier Borrero, como han difundido en un principio algunos medios españoles.

Rubalcaba ha asegurado que estas detenciones son "producto de las investigaciones" que han seguido al arresto de Garikoitz Aspiazu, el pasado 17 de noviembre en Cauterets, y añadido que Aitzol Iriondo "es, presumiblemente, el sustituto de Txeroki como jefe militar número uno de ETA".

El ministro ha felicitado a la Guardia Civil y a las fuerzas policiales francesas y ha destacado la "colaboración" del Gobierno francés, de la Policía y la Gendarmería galas. Los arrestados serán trasladados a la comisaría de Baiona, según ETB.

Incomunicación, el doble fracaso estatal

Por: Gara

Ni siquiera la reciente «recomendación» directísima del Comité de Derechos Humanos de la ONU hará que el Gobierno español reconsidere la práctica de la incomunicación. El Plan de Derechos Humanos elaborado por el Ejecutivo de Zapatero mantendrá la vigencia de este régimen señalado por todas las organizaciones e instituciones que trabajan en este ámbito como el caldo de cultivo idóneo para la aplicación de la tortura a los detenidos. Madrid lo hará, evidentemente, sin dar ninguna explicación. Pero con ello implícitamente no hace sino poner de relieve ante instancias internacionales la existencia de un conflicto político de fondo que no puede camuflar como delincuencia común.

Conviene ir a la casuística concreta para remarcar algunas obviedades. Ese régimen al que Madrid trata de otorgar una apariencia normal -el que se ha aplicado por ejemplo a todos los últimos jóvenes detenidos en Nafarroa- no tiene nada ver con el empleado por las diferentes policías en casos recientes de amplio eco en la sociedad vasca, como la muerte a puñaladas y tiros de un joven en Sopuerta o la desaparición de una vecina de Lizarra a la que sigue sin hallarse. En estos casos sí rige el procedimiento normal, y no la práctica impuesta sistemáticamente a otros muchos ciudadanos vascos «en aras al interés de la Justicia», argumento dado por Madrid al relator de la ONU. Del mismo modo que el relieve político y mediático dado a la muerte en Azpeitia del empresario Inazio Uria a manos de ETA no tiene parangón alguno con el de otras víctimas violentas producidas esta misma semana en Euskal Herria.

La insistencia del Estado español en mantener esta incomunicación selectiva, por tanto, se erige en prueba del algodón de la existencia de un problema que no es común, sino político, pero que Madrid prefiere afrontar dilapidando los derechos humanos para no encararlo políticamente. Un problema que, además, no han hecho desaparecer décadas de incomunicación, cientos de denuncias de torturas y algunas muertes en comisaría, lo que evidencia el doble fracaso del Estado.